Preservar el videojuego digital: un reto para los derechos y el patrimonio
La transición hacia el videojuego digital se ha acelerado, impulsada por la comodidad y por la estrategia de las plataformas. Acceso inmediato, sin caja que guardar: las ventajas son reales. Pero esta digitalización introduce un riesgo que lo físico no conocía, el de la desaparición.
Un acceso que pende de un hilo
Comprar un juego digital es adquirir una licencia de acceso, no una copia tangible. Dos consecuencias:
- La retirada de los catálogos. Un juego puede ser retirado de una plataforma por motivos de licencia (música, derechos vencidos, litigio), y entonces se vuelve inaccesible, incluso para quienes lo han pagado.
- La dependencia de los servidores. Muchos juegos, incluso los de un solo jugador, requieren una conexión a servidores del editor. El día en que esos servidores cierran, el juego puede dejar de funcionar. The Crew, convertido en totalmente injugable en 2024 tras el corte de sus servidores, es el símbolo de ello.
Un juego físico de 1995 todavía se puede ejecutar hoy. Nada garantiza que un juego digital de 2025 se pueda ejecutar todavía en 2045.
El contexto europeo
Varios textos regulan, de forma indirecta, esta cuestión:
- La directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital reconoce excepciones en beneficio de las instituciones del patrimonio cultural, que pueden copiar obras de sus colecciones con fines de conservación.
- La directiva (UE) 2019/770 sobre los contenidos digitales impone una obligación de conformidad y de suministro del contenido, pero no resuelve la cuestión de la preservación a largo plazo.
Ninguno de estos textos obliga hoy a un editor a garantizar que un juego seguirá siendo jugable después del cese de su servicio. Es precisamente ese vacío el que quiere colmar la iniciativa Stop Killing Games.
Lo que haría falta
La preservación no es un lujo de coleccionista: es una cuestión de derechos (no perder lo que se ha comprado) y de cultura (no borrar 60 años de creación). Supone obligaciones de fin de vida: modo sin conexión al cerrar los servidores, depósito de las obras ante instituciones patrimoniales, y transparencia sobre la duración del acceso desde el momento de la compra.
Para leer también: la ley francesa sobre la preservación, un modelo por extender.
Referencias oficiales
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